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Los tribunales comienzan a tomarse en serio la violencia en los centros
Una orden de alejamiento para proteger a una alumna acosada sexualmente por compañeros de instituto. Dos meses en un centro de internamiento tras provocar altercados en clase y amenazar a un profesor. Más de 6.000 euros de multa a tres alumnos que agredieron con inusitada brutalidad a su profesora. Un abogado que denuncia por “atentado” a otros tres estudiantes de Secundaria que dejaron, tras propinarle un golpe en el ojo, inconsciente a una conserje. Son todas iniciativas judiciales dictadas o emprendidas en los últimos meses contra menores que traspasaron la línea de la gamberrada para abrazar los dudosos encantos del delito. Lo hicieron en el interior de un centro educativo, agarrándose quizá a una difusa inmunidad escolar que pudiera servirles de coraza contra jueces y fiscales. Pero en esta ocasión las sanciones trascendieron el ámbito académico: la cosa no quedó en un mero expediente disciplinario ni en una expulsión temporal o definitiva. Algo que hace unos años hubiera sido la excepción de la regla se ha convertido en un recurso cada vez más habitual para abordar casos graves de violencia dentro de la escuela. Haya o no más agresiones que antaño, lo cierto es que las víctimas denuncian más y a los tribunales les tiembla menos el pulso a la hora de decantarse por duros escarmientos. “Es cierto que se están endureciendo las sentencias”, admite Carmen Guaita, secretaria de comunicación del sindicato de profesores ANPE, uno de los más activos en la defensa de los docentes frente a la violencia escolar impune. “No hay más que ver lo que están haciendo las fiscalías de menores de algunas comunidades como Cataluña o Andalucía. Parece que ha tocado fondo la idea de que los actos no tienen consecuencias”. Alarma social La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, también reconoce que los jueces han pasado a la acción, aunque estima que esto ha ocurrido “a raíz de algunos casos que han generado una gran alarma social”, ya que “tampocohay tanta violencia a nivel global”. Otros opinan que no se trata de argumentar si ha aumentado o no la conflictividad en las aulas, sino tan sólo de dotar de mecanismos efectivos que protejan a las víctimas y consideren a la violencia como tal a efectos legales cuando ésta se produzca. Como afirma Guaita, “empezamos a ver que la violencia es igual tenga lugar donde tenga lugar, a sensibilizarnos de que es perjudicial, se dé el contexto que sea”. La secretaria de comunicación de ANPE traza un paralelismo entre lo que ha ocurrido respecto a la violencia de género –un cáncer heredado de épocas pretéritas que hasta hace bien poco muchos consideraban como un problema de puertas adentro– y la percepción social de que el acoso y las agresiones en la escuela no son cosas de chiquillos. Ambas transformaciones serían síntomas de una“sociedad madura y responsable”. En cuanto a la violencia escolar, en dicho cambio hay un “antes y un después del caso Jokin”, al que Guaita tilda de “mártir moderno”. Batería de medidas Hay, entre los muchos estudios que se han propuesto analizar la conflictividad en la escuela (ver apoyo en página 3), uno llevado a cabo en 10 centros madrileños que destaca por la originalidad de sus conclusiones. Resulta, por ejemplo, que las asignaturas de mayor riesgo son, por este orden, Inglés, Educación Plástica, Lengua, Ciencias Naturales y Matemáticas. Más aún, 2º y 3º de ESO son los cursos más conflictivos. También muestran peor comportamiento los chicos que las chicas y los repetidores que quienes no lo son. Peculiaridades de un fenómeno que las autoridades educativas (sobre todo autonómicas) han querido atajarcon una batería de medidas que incluye protocolos, observatorios, planes de convivencia y mediadores escolares. En el campo estrictamente legal, las medidas con mejor acogida entre el cuerpo docente han sido aquellas destinadas a mejorar, agilizar y profesionalizar los servicios de asesoríajurídica destinados a profesores víctimas de una agresión. En los últimos dos años, han introducido medidas en este sentido regiones como Madrid, Andalucía, Murcia o Navarra. Autoridad pública Hay incluso una fuerte corriente de opinión a favor de considerar a los profesores como autoridad pública. Esto implicaría un enorme salto cualitativo en cuanto a la dureza de las sanciones, ya que se juzgaría a los agresores por “atentado”, una figura reservada a las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Mal camino, en opinión de la presidenta de Ceapa. “Lo que hay que hacer es propiciar condiciones que favorezcan la convivencia, no judicializar la escuela. La autoridad no se gana por decreto, aumentando la distancia entre alumno y profesor, sino a través de la cercanía, que no es lo mismo que amistad. La autoridad esalgo que se conquista día a día”, señala Abelló. Ejemplificando la guerra de baja intensidad que sobre esta cuestión enfrenta a sindicatos de profesores y asociaciones de padres, Abelló añade una controvertida declaración: “Un informe del Defensor del Pueblo tambiĆ©n menciona que la violencia de profesores a alumnos no ha dejado de existir, pero de esto nadie habla”.

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